Son días de alta tensión dentro de la Autoridad Garante para la protección de datos personales y la protección de la privacidad. Lo que parecía una cuestión organizativa normal se convirtió en un caso que provocó la dimisión del secretario general, Fabio Fanizza, y un duro conflicto interno entre los miembros del Colegio y la estructura administrativa.
Según ha trascendido, el clima en Piazza Venezia ya era incandescente mucho antes de la dimisión del Secretario General. La mecha inicial aparentemente se encendió por un problema técnico: los servidores de la Autoridad se habían vuelto locos, sumergidos por una ola de informes (el llamado mail bombing) de usuarios exasperados por el telemercadeo desenfrenado.
En aquella ocasión, Guido Scorza, miembro de la Junta del Garante, aparentemente perdió la paciencia. En un correo electrónico calificado de «muy acalorado», Scorza criticó duramente la ineficiencia de los sistemas informáticos de la organización. Un estallido que no fue digerido por Cosimo Comella, histórico responsable del departamento informático (y yerno del Presidente de la República), que respondió defendiendo a sus técnicos y devolviendo las acusaciones, consideradas «desagradables», al remitente.
En este contexto de fricciones internas se produjo la dimisión de Fabio Fanizza, secretario general de la Autoridad desde julio de 2020. Aunque el momento – cercano al choque de los correos electrónicos – ha llevado a la hipótesis de una correlación directa entre los dos acontecimientos, la versión oficial sigue caminos diferentes.
El motivo de la dimisión
El programa de investigación Report interviene para arrojar una luz especialmente curiosa sobre la dimisión de Fanizza, que ha difundido un trasfondo mucho más alarmante a través de sus canales sociales.
Según la reconstrucción del programa, hace unas horas salió a la luz un documento interno confidencial que habría precipitado la situación. Según se informó, el Secretario General envió, el 4 de noviembre (apenas dos días después de la retransmisión de la primera parte de la investigación televisiva sobre el Garante), una solicitud urgente al gerente del departamento de TI.
El objeto de la orden habría sido la recogida masiva de datos sobre los empleados de la Autoridad: desde la extracción de correo electrónico hasta los registros de acceso a VPN, pasando por el monitoreo de carpetas compartidas y sistemas de seguridad. Lo que Report define sin rodeos como un intento de «espiar a los trabajadores» habría chocado sin embargo con el rechazo de la estructura técnica.
La respuesta de los dirigentes de la Autoridad Garante No tardó en llegar. Con una reacción inmediata, el Colegio quiso aclarar su posición a través de un comunicado de prensa oficial, declarando «extrañeza total» con respecto a la iniciativa adoptada por el ex Secretario General. Los dirigentes quisieron señalar que esa solicitud, destinada a obtener datos sobre el uso de los sistemas informáticos por parte del personal, quedó en letra muerta y nunca se llevó a cabo.
En una nota oficial, el Garante de la Privacidad también aprovechó la oportunidad para reiterar un principio clave de su orientación jurídica histórica: el acceso del empleador a cierta información digital de sus empleados representa, de hecho, una potencial violación del derecho a la privacidad.
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